Llama la atención la poca apertura del Ministerio de Agricultura para dar a luz el reglamento sectorial de bioseguridad, que norma el uso de organismos genéticamente modificados.
Tratándose de un tema tan nuevo, complejo, polémico y no exento de riesgos, como el de los transgénicos, lo más lógico sería recabar opiniones de todos los sectores involucrados antes de promulgar el reglamento.
No se trata de prohibir a rajatabla los transgé-nicos, donde hay avances evidentes en producción, productividad y hasta resistencia a pesticidas. Pero, una de las riquezas principales de nuestro país es su amplitud y diversidad biológica, que debe preservarse de manipulaciones o contaminaciones indeseadas y peligrosas.
De allí la necesidad de ampliar y profundizar el debate y no de constreñirlo a un solo ministerio y menos a una dependencia ministerial, como el Instituto Nacional de Investigación Agraria, al que se quiere dar incluso la facultad de sancionar. Por contraste, genera suspicacias la reticencia para permitir la participación del Ministerio del Ambiente, cuyo interés y vinculación al tema es innegable.
El tema es realmente intrincado, multidisciplinario y de consecuencias innegables en nuestros patrones agrícolas y en nuestro patrimonio biológico y genético. Por lo mismo, el Gobierno y la PCM tienen que considerar la necesidad de publicar la versión preliminar del reglamento y promover un debate profundo, amplio y enriquecedor con la participación de técnicos y representantes de la sociedad civil involucrados.
Tratándose de un tema tan nuevo, complejo, polémico y no exento de riesgos, como el de los transgénicos, lo más lógico sería recabar opiniones de todos los sectores involucrados antes de promulgar el reglamento.
No se trata de prohibir a rajatabla los transgé-nicos, donde hay avances evidentes en producción, productividad y hasta resistencia a pesticidas. Pero, una de las riquezas principales de nuestro país es su amplitud y diversidad biológica, que debe preservarse de manipulaciones o contaminaciones indeseadas y peligrosas.
De allí la necesidad de ampliar y profundizar el debate y no de constreñirlo a un solo ministerio y menos a una dependencia ministerial, como el Instituto Nacional de Investigación Agraria, al que se quiere dar incluso la facultad de sancionar. Por contraste, genera suspicacias la reticencia para permitir la participación del Ministerio del Ambiente, cuyo interés y vinculación al tema es innegable.
El tema es realmente intrincado, multidisciplinario y de consecuencias innegables en nuestros patrones agrícolas y en nuestro patrimonio biológico y genético. Por lo mismo, el Gobierno y la PCM tienen que considerar la necesidad de publicar la versión preliminar del reglamento y promover un debate profundo, amplio y enriquecedor con la participación de técnicos y representantes de la sociedad civil involucrados.
El Comercio, 23/07/2008
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